Un snob y una política que ya fracasó
Beltrán Briones propone erradicar el Barrio Mugica. El problema es que Buenos Aires ya probó algo parecido.
Carina Onorato
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El desarrollador propone trasladar a miles de familias, entregar el suelo a privados y financiar la operación con la renta inmobiliaria de una de las zonas más valiosas de Buenos Aires. La historia del barrio, la legislación vigente y los resultados de su proceso de integración muestran que la fórmula parte de supuestos incompletos sobre costos, derechos, migración y, sobre todo, sobre qué significa integrar una parte de la ciudad.
Beltrán Briones insiste en llamarla Villa 31. La legislación porteña la denomina Barrio Padre Carlos Mugica desde 2018 y, aunque podría parecer una discusión semántica, los nombres en política urbana suelen revelar bastante sobre la manera en que se formula un problema.
Briones propone sacar el barrio de Retiro. Ha presentado distintas variantes: entregar USD 50.000 por familia con fondos equivalentes a lo que, según él, ya habría gastado el Estado; pagar USD 100.000 a cada una mediante inversión privada; construirles viviendas en el sur de la Ciudad o en la provincia de Buenos Aires a cambio de que los desarrolladores reciban las tierras actuales. El denominador común es el mismo: trasladar a la población y liberar un suelo al que define como extraordinariamente valioso para desarrollos inmobiliarios.
La idea tiene una virtud comunicacional evidente. Es sencilla. Hay suelo caro, familias con problemas habitacionales y desarrolladores interesados. Se intercambia una cosa por otra y, aparentemente, todos ganan. El problema empieza cuando se intenta convertir esa ecuación inmobiliaria en política urbana.
Una tercera vía bastante conocida
La historia del Barrio Mugica puede leerse a través de tres grandes paradigmas de intervención. Durante décadas, el problema fue definido como ilegalidad y la respuesta fue erradicar. Luego comenzó a entenderse como precariedad y aparecieron las políticas de radicación y provisión de infraestructura. Más tarde, el diagnóstico incorporó una dimensión bastante más compleja: la exclusión, que exige conectar vivienda, servicios, educación, empleo, movilidad, economía y pertenencia urbana. Mirada desde esa secuencia, la supuesta tercera vía de Briones tiene bastante de primera.
Los programas de erradicación aplicados en América Latina trasladaban familias fuera de los centros urbanos bajo una premisa similar: la nueva vivienda resolvería el problema. La experiencia mostró otra cosa. El traslado desarmaba redes sociales y económicas, alejaba a las personas de fuentes de trabajo, educación y servicios y no resolvía ni la llegada de nuevos hogares a los asentamientos ni la capacidad de las familias relocalizadas para sostenerse en el nuevo destino.
En el propio Barrio Mugica existe un antecedente difícil de ignorar. Durante la última dictadura se expulsó al 97% de las familias. Se cortaron servicios, se demolieron viviendas y hubo habitantes enviados al conurbano e incluso a sus países de origen. Con la recuperación democrática comenzó la repoblación, protagonizada en buena medida por quienes habían sido erradicados. Mover a las personas había movido el problema. No lo había resuelto.
Los USD 500 millones y lo que efectivamente se hizo
Otro eje de Briones es económico. En una columna publicada en El Cronista sostuvo que durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta se destinaron más de USD 500 millones al barrio y que, a juzgar por su estado actual, el resultado parece insuficiente. En otra entrevista elevó la estimación a un rango de entre USD 500 millones y USD 1.000 millones.
Discutir la calidad del gasto público es perfectamente legítimo. Pero para hacerlo hace falta algo más que números redondos y una recorrida.
La operación AR-L1260 del Banco Interamericano de Desarrollo tuvo un costo aprobado de USD 125 millones: USD 100 millones financiados por el BID y USD 25 millones de contrapartida local. Su costo efectivo terminó en USD 124,45 millones. El programa integral recibió además otros financiamientos multilaterales: USD 170 millones del Banco Mundial para redes de servicios, pavimentación y alrededor de mil viviendas destinadas principalmente a las familias que vivían bajo la Autopista Illia, y USD 100 millones de la entonces Corporación Interamericana de Inversiones vinculados a la autopista. Son operaciones diferentes, con componentes distintos. Sumarlas sin identificar qué financió cada una oscurece más de lo que aclara.
¿Y qué quedó? Al cierre del programa financiado por el BID, el 95% del barrio estaba pavimentado, con pluviales y alumbrado; los reclamos por cortes eléctricos se habían reducido 82% y los de agua, 80%; se había ejecutado una obra troncal de cloacas; había tres nuevos accesos, cuatro líneas de colectivos ingresando al barrio, 32 espacios públicos construidos o renovados, un polo educativo con tres establecimientos, un nuevo centro de salud y dos centros existentes mejorados. A eso se sumaban más de mil viviendas nuevas para familias que residían bajo la autopista y más de mil viviendas vulnerables intervenidas.
El informe de cierre calificó la efectividad como satisfactoria y la eficiencia y sostenibilidad como excelentes. También dejó una cautela importante: no hubo una evaluación causal de impacto que permita atribuir todos los resultados exclusivamente al programa.
Tampoco todo está resuelto. Un informe comparativo de ACIJ registró demoras en las obras de infraestructura y evaluaciones críticas de parte de los vecinos. En el relevamiento realizado en el Barrio Mugica en 2021, el 84% de las personas encuestadas consideraba que su acceso a los servicios había empeorado o se mantenía igual. Entre quienes habían sido relocalizados a viviendas nuevas, el 55% evaluaba la calidad del inmueble como igual o peor que la de su vivienda anterior. La percepción era mejor entre quienes habían recibido obras de mejoramiento en viviendas existentes: el 57% consideraba que su calidad había mejorado. ACIJ advierte, además, que la metodología utilizada en el Barrio Mugica no permite comparar directamente esos resultados con los relevamientos posteriores realizados en Villa 20 y Playón de Chacarita.
Esa es una discusión mucho más interesante que declarar que “se gastaron USD 500 millones y el barrio sigue mal”: qué funcionó, qué falta, qué tuvo costos excesivos, qué habría que corregir y cómo completar la integración.
Una vivienda no equivale a una ciudad
La cuenta de USD 50.000 o USD 100.000 por familia contiene un supuesto central: que reemplazar una vivienda reemplaza también el lugar que esa vivienda ocupa en la vida de una persona. No funciona así.
Antes de la intervención, el Barrio Mugica ya tenía 900 locales comerciales, 3.500 autoempleos, 300 cooperativistas y unos 14.000 trabajadores. Era —y sigue siendo— un tejido residencial y productivo al mismo tiempo.
Sus viviendas funcionan muchas veces también como comercios, restaurantes, talleres, peluquerías o espacios productivos. Esa superposición, nacida en buena medida de la precariedad, genera también bajos costos internos de transporte y logística y redes económicas construidas durante décadas.
La ubicación tampoco es un accidente. Para un desarrollador, Retiro es suelo premium. Para una familia de bajos ingresos, la centralidad también tiene valor: significa proximidad potencial a empleo, transporte, educación, salud, clientes y redes familiares.
Por eso relocalizar una familia en un lugar “donde falte poblar”, como propone Briones, exige una cuenta bastante más larga que el precio de construcción de una casa. ¿Cuánto cuesta la nueva infraestructura? ¿El transporte diario? ¿Las escuelas, centros de salud y redes de cuidado? ¿Qué pasa con un comercio cuya clientela estaba en el barrio? ¿Con quien llega caminando a su trabajo? ¿Con una abuela que cuida a los hijos de otra familia a dos cuadras?
El costo no desaparece. Cambia de columna.
Tener escritura tampoco define quién tiene derechos
En una entrevista de marzo, Briones fue todavía más explícito: frente a quien no tuviera escritura, planteó una negociación resumida en una frase: “No tenés escritura, querido, afuera”.
Ese planteo puede funcionar como consigna. Jurídicamente, el caso del Barrio Mugica es bastante más complejo.
La Ley 3343, sancionada en 2009 por la Legislatura porteña, dispuso la urbanización de las entonces Villas 31 y 31 bis con criterios de radicación definitiva y estableció que el suelo debía destinarse a viviendas, desarrollo productivo y equipamiento comunitario.
La Ley 6129 profundizó ese mandato en 2018. Ordena la reurbanización, la integración con el resto de la Ciudad y la radicación definitiva de los habitantes; prohíbe los desalojos forzosos; establece que cualquier relocalización excepcional debe hacerse dentro del propio barrio y con consentimiento; garantiza seguridad en la tenencia y señala expresamente que la incapacidad de pago no puede impedir ese derecho. También exige preservar el arraigo, la identidad barrial y los lazos comunitarios.
Por lo tanto, la ausencia de una escritura individual no coloca hoy al habitante frente a un terreno jurídicamente vacío que el Estado pueda entregar sin más a un tercero. La regularización dominial forma parte del proceso de integración. No es la condición previa para tener derecho a permanecer.
El argumento de los inmigrantes
Briones incorpora además otro dato a su razonamiento: afirma, sobre la base de “relevamientos informales” que no identifica, que alrededor del 75% de los habitantes actuales serían inmigrantes.
El relevamiento sociodemográfico utilizado como línea de base del programa, realizado en 2016, mostraba otra composición: 29% de residentes nacidos en la Ciudad, 20% nacidos en otras partes de la Argentina y 51% nacidos fuera del país, principalmente en Paraguay, Bolivia y Perú.
Puede haber habido cambios desde entonces. Precisamente por eso una cifra actual del 75% necesitaría una fuente actual identificable.
Pero hay algo anterior: la migración forma parte de la historia constitutiva del barrio desde sus orígenes. Comenzó recibiendo trabajadores migrantes vinculados al puerto y los ferrocarriles y siguió creciendo con movimientos internos y regionales. Utilizar el origen nacional de sus habitantes como argumento para decidir cuánto merece invertir la Ciudad mezcla dos discusiones distintas: política migratoria y política urbana.
El valor de la tierra y la pregunta que queda
Briones mira el Barrio Mugica y ve una de las localizaciones inmobiliarias más atractivas de Buenos Aires. Lo ha dicho varias veces: su ubicación junto a Retiro, Recoleta, el río y los principales accesos convierte esas hectáreas en una oportunidad excepcional para el desarrollo privado. Seguramente tiene razón respecto del valor del suelo. La pregunta política aparece inmediatamente después: ¿para quién vale ese suelo?
La integración sociourbana parte de la premisa de que la centralidad no debería ser un privilegio reservado a quien pueda pagar su precio máximo de mercado. Intenta incorporar al barrio a la ciudad sin borrar a quienes lo construyeron. Y lo hace reconociendo algo que décadas de política urbana aprendieron con bastante costo: una ciudad contiene infraestructura, propiedad y metros cuadrados, pero también redes económicas, vínculos, escuelas, recorridos, proximidades, oportunidades y memoria.
El proceso del Barrio Mugica admite críticas importantes. Quedan obras por completar, servicios por formalizar y problemas de habitabilidad, seguridad, crecimiento y sostenibilidad que exigen respuestas. Negarlo sería tan poco serio como sostener que todo el esfuerzo realizado puede evaluarse mirando desde la autopista, pero ninguna de esas deficiencias demuestra que trasladar a sus habitantes sea una solución.
En los años setenta Buenos Aires ya ensayó la idea de que el problema podía desaparecer si desaparecía la villa. Expulsó al 97% de las familias y, con la recuperación democrática, el barrio volvió a poblarse. Antes de presentar la erradicación como una tercera vía, conviene preguntarse por qué aquella primera respuesta no consiguió resolver el problema que pretendía eliminar.