Marchan por un plan.
Una transferencia estatal debería ser un derecho, no una deuda política. El vínculo entre planes sociales, organizaciones y movilización que Milei empezó a desarmar.
Catalina Smith Estrada
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Hay algo bastante obsceno en obligar a una persona a demostrar entusiasmo político para conservar el ingreso con el que come.
No porque marchar sea obsceno. Todo lo contrario. Marchar, protestar, cortar una calle, incluso cuando nos rompe bastante las pelotas a los que estamos del otro lado del corte, forma parte de una democracia en la que la gente tiene derecho a hacerse escuchar. Una manifestación puede ser incómoda, exagerada, ideológica, ruidosa, inoportuna y seguir siendo perfectamente legítima.
Lo obsceno empieza en otro lugar: cuando la persona que sostiene la bandera no está ahí porque quiere sostenerla, sino porque tiene miedo de que, si la suelta, el mes siguiente cobre menos. O no cobre. O deje de recibir la bolsa de comida. O alguien le recuerde que fue esa organización la que la anotó, la que certifica sus horas, la que conoce su nombre, su comedor, su familia y, sobre todo, su necesidad.
Ahí ya no estamos hablando de protesta social. Estamos hablando de otra cosa.
Y creo que una de las decisiones más importantes del gobierno de Javier Milei fue haber roto, al menos en buena parte de la arquitectura de los programas sociales nacionales, ese vínculo.
Me cuesta bastante comprar gobiernos por paquete. Esa costumbre argentina de que, si te gusta una medida, aparentemente tenés que adoptar también las otras setecientas, defender al funcionario que la implementó, justificar cada barbaridad que diga en X (Twitter) y quizás hacerte un tatuaje del escudo partidario. No. El gobierno de Milei tiene cosas que me gustan mucho, cosas que me parecen indefendibles y un abanico bastante grande entre ambas. Entre las primeras están el fortalecimiento de la AUH —que fue una de las pocas grandes partidas sociales que recuperaron poder adquisitivo durante el ajuste— y la decisión de desintermediar los planes sociales.
Pero “sacar a los intermediarios” también necesita una explicación, porque si no queda como uno de esos eslóganes lindos que sirven para una placa de Instagram y bastante menos para entender qué pasó.
El Potenciar Trabajo, creado en 2020, tenía una prestación económica individual. La plata era del titular. Era intransferible. El dirigente de una organización social no recibía, en términos formales, una bolsa de planes para repartir a dedo. Eso conviene decirlo porque si no la crítica se vuelve una caricatura y las caricaturas son facilísimas de desmontar.
El poder estaba en otro lado: los titulares tenían que estar agrupados en una Unidad de Gestión o de Certificación. Esas unidades podían ser municipios, provincias, universidades, cooperativas u organizaciones de la sociedad civil. Eran las encargadas de organizar las actividades y, sobre todo, certificar que la persona hubiera cumplido con su trabajo. La normativa establecía una carga promedio de 60 horas mensuales y decía expresamente que la falta de certificación podía derivar en incumplimientos, suspensiones del 50% de la prestación y, eventualmente, suspensión total del programa.
No hace falta tener la tarjeta de débito de alguien para ejercer poder sobre su ingreso. A veces alcanza con tener el sello o la firma.
De hecho, hay un documento de 2022 que resulta fascinante. El propio Ministerio de Desarrollo Social tuvo que aclarar en la Carta de Derechos y Obligaciones del Potenciar Trabajo que ninguna autoridad de una Unidad de Gestión o Certificación podía exigir dinero como “aporte” o “cuota”, ni obligar a los beneficiarios a participar de actividades políticas o religiosas. Y agregaba, sin demasiada poesía: “Esto es ilegal”.
Esto es incómodo porque significa que la posibilidad de abuso no era una fantasía inventada por Milei, Bullrich o algún panelista que le tiene alergia a los movimientos sociales. El propio diseño anterior contemplaba que podía ocurrir y necesitó escribir en un papel que, por favor, no lo hicieran.
Pero ocurrió. No sabemos en qué porcentaje de las organizaciones, no sabemos con qué extensión nacional y sería intelectualmente deshonesto convertir algunos expedientes judiciales en una descripción de todo el universo de la economía popular. Pero tampoco podemos decir que era un mito.
En San Nicolás, por ejemplo, la Justicia procesó en 2025 a Néstor Roque Frangolini, referente de Libres del Sur, por 26 hechos de extorsión. Según la acusación y la resolución judicial, cobraba aportes a beneficiarios del Potenciar Trabajo y los amenazaba con suspenderles o darles de baja el beneficio si no pagaban o no asistían a marchas y movilizaciones. La investigación encontró transferencias bancarias de beneficiarios hacia su cuenta y mensajes en los que advertía que quienes no aportaran o no marcharan serían dados de baja. El procesamiento quedó firme; eso no equivale todavía a una condena, pero estamos bastante más allá del rumor de sobremesa.
La causa del Polo Obrero es todavía peor. Belliboni y otros dirigentes fueron enviados a juicio oral por presuntas extorsiones a beneficiarios y defraudación al Estado. La Fiscalía sostiene que se había montado un sistema de aportes, control de asistencia y sanciones que podía llegar hasta la amenaza de perder el plan. La causa está en instancia de juicio: habrá que esperar una sentencia para hablar de culpabilidades definitivas.
Sería políticamente incorrecto de mi parte decir lo que realmente pienso de estas personas; por lo tanto, lo dejo a libre interpretación. Imaginen. Lo interesante, sin embargo, no son Belliboni ni Frangolini. Si reducimos esto a encontrar dos malos y colgarlos simbólicamente de una plaza, no aprendimos nada.
El problema era institucional.
Porque una política social destinada a personas en situación de vulnerabilidad había creado una relación en la que un tercero podía acumular dos poderes al mismo tiempo: acompañarte y evaluarte (de vuelta, muy políticamente correcto para mi gusto). Darte pertenencia y certificar tu permanencia. Organizar tu trabajo y tener incidencia sobre el ingreso que necesitás.
Y sí, claro que muchísimas organizaciones sociales hicieron —y hacen— un trabajo impresionante. Hay barrios donde el Estado llega tarde, mal o directamente no llega, y donde el comedor, la cooperativa, la parroquia o la organización son quienes conocen a la señora que hace tres días no aparece, al chico que dejó el colegio, a la familia que se quedó sin techo. Sería bastante cómodo descubrir ahora, desde un despacho con aire acondicionado, que toda esa trama territorial era simplemente una asociación ilícita. Pero no lo era.
Acá aparece una distinción que creo que hacemos muy poco: una organización puede hacer un trabajo social valioso y, al mismo tiempo, no ser la persona indicada para tener poder sobre la continuidad de una prestación estatal. No son cosas incompatibles.
Yo quiero organizaciones sociales fuertes. Lo que no quiero es ciudadanos débiles frente a ellas.
En abril de 2024, el Ministerio de Capital Humano dispuso expresamente el cese de las Unidades de Gestión y de Certificación del Potenciar Trabajo. El programa fue dividido entre Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, y la normativa justificó el cambio en la intención de implementar las prestaciones “de manera directa y transparente, eliminando la intermediación”. En el nuevo esquema, por ejemplo, Volver al Trabajo estableció el pago directo y personalizado a cada beneficiario.
Y eso me parece profundamente progresista, aunque a algunos les (¿nos?) dé urticaria usar esa palabra al lado de Milei.
Porque hay una idea extraña de la política social según la cual proteger a una persona vulnerable implica necesariamente insertarla dentro de alguna estructura que hable por ella. El puntero. La organización. El movimiento. El referente. Alguien que sabe cómo llenar el formulario, conoce al funcionario, consigue el cupo, organiza la cooperativa, entrega la mercadería y un día, casi sin que nadie haya firmado ese contrato, también empieza a administrar lealtades.
Entonces aparece una forma muy sofisticada de dependencia: el Estado ayuda, pero la persona siente que le debe la ayuda a otro. Y eso es exactamente lo que una buena política social debería evitar.
Una transferencia estatal debería decirte: esto te corresponde porque cumplís determinadas condiciones objetivas. No porque conocés a Juan. No porque militás con María. No porque fuiste a tres marchas. No porque llevaste diez personas al acto. No porque pusiste una boleta en octubre. Porque cuando un derecho depende de demostrar fidelidad, deja de parecerse bastante a un derecho.
Ahora: tampoco me interesa pasar de una estupidez a la otra.
Desintermediar no es abandonar.
El mismo gobierno que acertó al romper esos mecanismos redujo con enorme fuerza el valor real de los programas destinados a jóvenes y adultos durante 2024. La inversión en el ex Potenciar Trabajo y sus programas sucesores cayó casi 60% en términos reales ese año, en buena medida por el congelamiento de la prestación.
Y una persona no se vuelve autónoma simplemente porque nadie la obliga a ir a una marcha.
Si eliminamos al puntero pero también eliminamos la capacitación, el acompañamiento, el cuidado infantil, la intermediación laboral, la posibilidad de terminar la secundaria, el acceso a una vivienda o cualquier puente razonable hacia un ingreso propio, no construimos autonomía. Simplemente dejamos a alguien solo. Ahí está, para mí, la discusión mucho más interesante.
No se trata de elegir entre el Estado que entrega un plan a través de una organización y el Estado que manda una transferencia bancaria y desaparece.
Hay una tercera opción: un Estado presente sin dueño. Uno que pueda acompañar muchísimo sin apropiarse políticamente de la persona a la que acompaña. Que conozca su historia sin exigirle obediencia. Que le dé herramientas sin pedirle agradecimiento electoral. Que pueda sostenerla durante una crisis sin convertir la crisis en una membresía.
Se terminó —o por lo menos se debilitó de manera muy concreta— un mecanismo que podía convertir la necesidad de una persona en capacidad de disciplinamiento para otra.
Una plaza llena de personas que están ahí porque quieren estar es política. Una plaza llena de personas que temen perder la comida si vuelven a su casa es una escenografía. Y quizá la mejor forma de proteger el derecho a protestar sea bastante más simple de lo que parece: garantizar también el derecho a no hacerlo.
Que el que quiera marchar marche. Que grite. Que levante una bandera enorme, insoportable, con una consigna que yo deteste. Pero que pueda darse vuelta, guardarla e irse a su casa sin preguntarse cuánto le va a costar el mes siguiente.
Porque una democracia no se mide solamente por cuánta gente puede llenar una avenida. También por cuánta puede irse de ella sin perder la cena.