El problema de que las mujeres puedan elegir.
Mientras la natalidad cae, la conversación pública vuelve a preguntarse qué les pasa a las mujeres. Quizás la pregunta sea otra: qué pasa cuando la maternidad deja de ser destino y se convierte en una elección.
Cintia González Oviedo
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La tasa de natalidad es, probablemente, uno de los tópicos más comentados hoy en día. Pasó de ser, hace apenas unos años, un tema de redes sociales y conversaciones feministas, a instalarse en discursos presidenciales que intentan explicarla con el sesgo ideológico de conveniencia.
La realidad es que la desigualdad de género —y el género como variable económica— siempre se entendió poco, casi siempre leída como un fenómeno ideológico o activista. Con o sin intención, recién ahora la conversación pública empieza a incorporar lo que quienes trabajamos en la materia venimos señalando desde siempre: el género es una variable clave para analizar el desarrollo de los países, su impacto en las tasas de salud, educación, desarrollo de las infancias, composición de los hogares y, por supuesto, su peso en el PBI.
Recién ahora que se derrumban las tasas de natalidad se empieza a responsabilizar, de alguna manera, a la decisión de las mujeres por el impacto económico de esa caída —no por lo que dicen los datos, sino por motivos ideológicos.
¿Por qué se inculpa a las mujeres y a su libertad para decidir su proyecto de vida?
Aparece siempre la misma pregunta mal hecha: ¿qué les pasa a las mujeres? La pregunta está mal hecha porque asume que hay algo roto. Y no lo hay. Lo que hay, por primera vez en la historia humana, es una generación de mujeres eligiendo el proyecto de vida que quieren tener, ni más ni menos. Eso no es una anomalía demográfica: es una revolución silenciosa, y como toda revolución, genera resistencia.
Una caída que no se explica por pobreza.
Los números son contundentes. La fecundidad mundial pasó de alrededor de 3,3 hijos por mujer en 1990 a 2,24 hoy, con una proyección de caer por debajo del umbral de reemplazo (2,1) hacia 2050. En América Latina el descenso fue de 2,61 a 1,78 hijos por mujer en apenas dos décadas. Y en Argentina el dato cultural es todavía más elocuente que el demográfico: en 2015, el 77% de los argentinos consideraba que tener y criar hijos era central para una vida plena; en 2025, esa cifra se derrumbó al 34%.
Acá conviene detenerse en algo que la lectura moralizante suele pasar por alto: la caída de la natalidad no está impulsada por la pobreza. De hecho, históricamente fue al revés. Los sectores de menores ingresos sostuvieron tasas de fecundidad altas incluso en medio de crisis económicas profundas, porque la maternidad no dependía de una decisión informada sino de la falta de acceso a educación, autonomía económica y anticoncepción. Lo que está cayendo hoy no es la capacidad económica de tener hijos: es la obligatoriedad subjetiva de tenerlos.
Los datos actuales lo confirman con precisión quirúrgica: mientras el embarazo adolescente se desploma —en la Ciudad de Buenos Aires, la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años cayó de 33,7 nacimientos cada mil en 2011 a 6,4 en 2023—, crece de manera casi especular la maternidad después de los 35 y los 40: en 2024, dos de cada diez nacimientos del país correspondieron a madres mayores de 35 años, y casi 21.000 bebés nacieron de mujeres de más de 40, prácticamente el doble que diez años atrás. No es un dato aislado: es la fotografía de una generación que dejó de tener hijos por default en la adolescencia y empezó a decidir cuándo, con quién y si quiere tenerlos.
La combinación de acceso a la anticoncepción, más años de educación y mayor participación laboral femenina le dio a las mujeres, por primera vez, la posibilidad real de decidir. Eso no es una falla del sistema. Es el sistema funcionando como debería.
La variable oculta: quién sostiene lo que no se ve.
Hay un dato que rara vez entra en esta conversación y que la explica mejor que ningún otro: la economía del cuidado. En Argentina, entre el 75% y el 90% de las tareas de cuidado no remunerado —de niños, de personas mayores, de personas con discapacidad— recae sobre mujeres, que le dedican en promedio el doble de horas diarias que los varones. Ese trabajo invisible representa cerca del 16% del PBI, más que la industria o el comercio, y no figura en ningún balance.
Esto importa para entender la natalidad porque desarma el argumento moralizante de una vez: no es que las mujeres "no quieran" tener hijos ni sostener vínculos de cuidado. Es que ya conocen, mejor que nadie, el costo real —de tiempo, de carrera, de salud mental— que ese cuidado exige, y lo están descontando de antemano en su decisión. Han escuchado a sus abuelas, madres y hermanas. Se ha desromantizado la maternidad “rosa”. Cuando se responsabiliza a una mujer por elegir no ser madre, o por abortar, o por no casarse, lo que en el fondo se está discutiendo no es la natalidad: es si las mujeres tienen derecho a diseñar su proyecto de vida por fuera de la maternidad y calcular el impacto de esa decisión en su propia vida. Tomar una decisión de vida debería poder hacerse con toda la información posible, no solo con una propaganda rosa.
Esa carga de cuidado, además, tiene una cara menos celebrada: la de las mujeres que terminan sosteniendo solas el proyecto familiar. En Argentina, la jefatura femenina de hogar pasó del 22% en 1991 al 49% en 2022, y hoy 8 de cada 10 hogares monoparentales están encabezados por una mujer, con niveles de pobreza muy por encima del promedio general. A esto se suma un dato que rara vez se nombra con la contundencia que merece: según UNICEF, el 56% de las madres no recibe la cuota alimentaria correspondiente, cifra que trepa al 68% si se incluye a quienes la reciben de forma irregular. El resultado es previsible: mujeres sosteniendo en soledad el sustento económico y el cuidado, mientras la corresponsabilidad paterna queda librada, en la mayoría de los casos, a la voluntad individual antes que a una obligación efectivamente exigible.
El matrimonio, por su parte, dejó de ser el horizonte de época que sostenía a generaciones anteriores, donde sostener el vínculo a cualquier costo era casi un mandato. Estudios recientes sobre sentencias de divorcio en el país muestran que son las mujeres quienes con mayor frecuencia inician la separación en parejas con más de dos décadas de convivencia. Pero esa libertad para irse no es gratuita: las mujeres suelen llegar al divorcio con carreras interrumpidas o postergadas por años de cuidado no remunerado, y con ingresos que ya arrastran la brecha salarial estructural, cercana al 27% en Argentina. Divorciarse hoy es más posible que hace treinta años, pero sigue significando, para la mayoría de las mujeres, arrancar de nuevo con menos capital económico, menos años de carrera acumulados y, muchas veces, con hijos a cargo cuya cuota alimentaria no está garantizada. La libertad de irse convive, todavía, con el costo económico de no haberse quedado.
El retroceso no llega con un cartel: llega disfrazado de elección.
En paralelo a esta autonomía creciente, aparece un fenómeno que merece atención estructural, más allá de cualquier bandera partidaria: la reactivación pública del debate sobre restringir el voto femenino. En cumbres de liderazgo conservador en Estados Unidos se instaló la idea del "voto por familia" o household voting: un solo voto por hogar, ejercido por el jefe de familia, que dejaría sin representación política directa a mujeres casadas, jóvenes y personas mayores. La idea ya circula en redes de referentes conservadores de México, y especialistas en derechos humanos de la región coinciden en algo importante: no es un exabrupto aislado, es una tendencia global que después baja a lo regional y a lo nacional.
Este retroceso rara vez se presenta como una prohibición. Se presenta como una renuncia voluntaria, como una elección de la propia mujer que "prefiere" ceder su voto, su carrera o su proyecto de vida. Ahí está el mecanismo: el disciplinamiento contemporáneo no necesita quitar derechos por la fuerza si logra que parezcan una preferencia personal.
El mismo patrón se repite en el mundo del trabajo. El informe Women in Business 2026 de Grant Thornton registró la primera caída en años en la presencia femenina en puestos de máxima decisión corporativa, del 34% al 32,9%. A ese ritmo, la paridad en las cúpulas empresariales recién se alcanzaría en 2051. En Argentina, las mujeres ocupan apenas el 34,66% de los puestos de legisladoras, funcionarias jerárquicas y gerentas, y el país retrocedió cinco posiciones en el ranking global de brecha de género en un solo año. La participación laboral femenina se mantiene en 53%, muy por debajo del 72% masculino. Según el Foro Económico Mundial, al ritmo actual de avance, cerrar la brecha económica global tomará más de un siglo.
La generación que ya no piensa igual.
Hay un dato que conecta todo lo anterior y que, me parece, es la clave para leer los próximos diez años: la Generación Z está viviendo la mayor brecha ideológica de género de la historia reciente. En Argentina, una investigación de la Universidad Nacional de Villa María mostró que el 49,8% de los varones jóvenes se identifica con posiciones de centro derecha a extrema derecha, frente al 28,7% de las mujeres jóvenes, y esa brecha sigue creciendo año a año. El patrón se repite en Polonia, en Corea del Sur, en gran parte de Occidente: mientras las mujeres jóvenes se corren hacia el feminismo y la autonomía, una porción creciente de varones jóvenes encuentra en la manósfera —comunidades digitales que promueven roles de género tradicionales y un discurso de "pérdida de estatus" masculino— un lugar de pertenencia e identidad política.
Ahí conviven dos fenómenos que parecen opuestos pero son la misma tensión: por un lado, mujeres que sostienen, muchas más que antes, conversaciones sobre deseo, cuidado, vínculos y proyecto de vida que hasta hace una generación no tenían espacio para existir. Por el otro, un imaginario de masculinidad —encarnado en la estética trad wife y en los foros incel— que ofrece certezas a cambio de volver a un orden donde el lugar de la mujer no se discute. No se trata de negar que existan mujeres con proyectos de vida más tradicionales: siempre las hubo y las habrá. El punto es otro: lo tradicional, como mandato impuesto y no como elección disponible entre otras, históricamente fue en detrimento de la libertad de las mujeres para decidir su propia vida.
Lo que está realmente en juego.
Nada de esto es coyuntura. Es la fricción entre dos fuerzas de fondo: una generación de mujeres que, por primera vez en la historia, tiene los instrumentos —educación, autonomía económica, control reproductivo— para elegir su proyecto de vida, y un sistema de instituciones, discursos y estructuras económicas que todavía no terminó de adaptarse a esa libertad, y en algunos casos, directamente intenta revertirla.
El historiador Yuval Noah Harari lo resume en una idea que vale la pena tener presente: pocas veces en la historia una jerarquía de poder tan antigua y tan universal como el patriarcado cedió tanto terreno en tan poco tiempo y con tan poca violencia. Eso no vuelve el proceso menos revolucionario. Lo vuelve, si se quiere, más difícil de nombrar: no dejó ruinas visibles ni fechas de rendición, dejó generaciones enteras de mujeres viviendo vidas que sus abuelas no podían ni imaginar.
La verdadera pregunta no es por qué bajó la natalidad, ni por qué algunas mujeres postergan la maternidad, ni por qué otras eligen no casarse. La pregunta es si estamos dispuestos, como sociedad, a sostener el derecho de las mujeres a decidir el costo y la forma de su propia vida. Esa es la revolución que ya empezó. Lo que todavía está en disputa es si se la vamos a permitir terminar.